Entre los estudiantes de Guerrero hay un movimiento de resistencia en contra del Estado mexicano que pretende terminar con las escuelas normalistas rurales, creadas como internados para los hijos e hijas de campesinos; una de las pocas opciones de educación con las que se cuentan. La normal aboga por la justicia, la educación para los más pobres, dar voz al estudiantado y crear conciencia de clase. A partir de estas ideas surgen acciones de lucha social como asambleas, marchas, mítines y bloqueos carreteros por parte de los normalistas. Quienes también retienen autobuses para sus traslados como acción de protesta, con el objetivo de que el Estado siga otorgando presupuesto a las normales rurales, lo que genera constantes enfrentamientos con las autoridades, quienes los consideran agitadores, subversivos, pseudoestudiantes y vándalos.
Como parte de la conmemoración de la masacre
del 2 de octubre, los estudiantes de Ayotzinapa retuvieron camiones y robaron combustible a lo largo de la semana previa. De casi cien estudiantes que iban
repartidos en cinco camiones, sólo dos eran de tercer año y seis de segundo, el
resto eran alumnos de nuevo ingreso.
El alcalde de Iguala en ese entonces, el perredista José Luis Abarca
Velázquez, fue acusado de estar coludido con el grupo criminal Guerreros Unidos
a partir de su esposa María de los Ángeles Pineda, pues sus hermanos
pertenecían al Cartel de los Beltrán Leyva.
Tras la desaparición de los estudiantes que estaban vigilados por la policía, el gobierno federal asumió la investigación. Los efectivos del gobierno bajo el mando de Tomás Zerón como jefe de investigación, encontraron tumbas clandestinas en los alrededores de Iguala. Unos meses después el gobierno anunció en voz de Murillo Karam, entonces procurador general de la república, que había resulto el caso: los estudiantes normalistas fueron asesinados en el basurero de Cocula. Algunos llegaron ya muertos, otros no. Los jóvenes fueron arrojados a la parte inferior del basurero e incinerados, despues los arrojaron al Rio San Juan.
La famosa “verdad histórica” fue revelada por tres supuestos delincuentes que fueron capturados, interrogados y torturados. El relato del gobierno tenía la clara intención de dejar el problema en el ámbito local, atribuyendo la responsabilidad a Guerreros Unidos en conjunto con el alcalde de Iguala, sin dejar de vincular a los estudiantes con el grupo criminal, tratando así de culpar a las víctimas. Discurso que fue rechazado por las familias y la sociedad mexicana.
Tras el desconcontento por la verdad histórica, se realizaron protestas internacionales y en todo México, en las que participaron estudiantes de todos los estados, familias y la sociedad civil en general. Los manifestantes exigían que encontraran a los normalistas y que se hiciera justicia; sentimientos que refrescan las heridas de la matanza de los estudiantes en 1968. A la par, se confomó un grupo de
expertos independientes que inició una investigación que concluyó que las evidencias no cuadraban con la verdad histórica.
Las inconsistencias:
El Gobierno de México dijo que los estudiantes viajaban en cuatro
autobuses. Las cámaras de seguridad demuestran que eran cinco, este quinto camión es detenido por autoridades federales.
En 2013 la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) descubrió
que se trasportaba heroína en autobuses de pasajeros desde Iguala, Guerrero, hasta Chicago. Esta droga pertenecía al Cartel de Guerreros Unidos, que
evidentemente no es sólo un grupo de delincuentes locales.
El gobierno mexicano insiste en decir que nadie sabe porque
atacaron los autobuses en donde se trasportaban los estudiantes, aunque
seguramente iban en uno de estos autobuses que se utilizaban para el tráfico de
heroína.
Cuatro años más tarde sólo se encontraron los restos de un estudiante, se hicieron varios arrestos sin condenas y los padres siguieron buscando a sus hijos sin dejar de exigir justicia. Durante un acto de campaña en Iguala, Andres Manuel López Obrador prometió a los padres hacer justicia, pero, sobre todo, enocontrar a sus 43 hijos desparecidos. Las familias le creyeron.
Nueva investigación
Al asumir el poder AMLO, por decreto creó la Comisión de la verdad y designó a Omar Gómez Trejo, especialista en derechos humanos, como fiscal para que se hiciera cargo del caso.
Tras analizar más de sesenta videos de las investigaciones del gobierno anterior, Gómez Trejo concluyó que en la investigación incial se contaminó con actos de tortura, por lo que los primeros sospechosos salen de prisión. Durante esta nueva etapa, sale a la luz información y se encuentran restos humanos que coinciden con el ADN de Cristian Rodríguez Telumbre, normalista de Ayotzinapa.
También se concluye que uno de los desaparecidos, Julio César Patolzin, era infiltrado en la Normal de Ayotzinapa por parte de Ejército Mexicano.
El fiscal Omar Gómez tuvo acceso a la investigación de tráfico de drogas de la DEA en Chicago, así corroboró la participación del ejército en la operación entre México y Estados Unidos.
En consecuencia se solicitaron 83 órdenes de aprensión de las cuales 20 eran para elementos del ejército que estaban en servicio esa noche. Confirmando la participación del ejército en la desaparición de los 43 y su encubrimiento. Sin embargo, el presidente López Orador ha otorgado mucho poder a ejército mexicano y así se desistieron al menos 21 órdenes de aprensión, 16 de las cuales correspondían a militares.
Por órdenes del fiscal general de la nación, Alejandro Gertz Manero, se limitan las acciones de Omar Gómez que al ya no poder seguir trabajando renuncia y sale del país. Ahora también está bajo investigación por sus acciones en el caso de Ayotzinapa. Tras la presión de los padres se reactivan algunas órdenes de aprensión en contra de militares.
En Julio de 2023 el Grupo de Expertos Independientes abandona México y en su informe final acusa al ejército de obstrucción por no
proporcionar todas las evidencias del caso, asegurando que el Estado está
ocultando información quitando la posibilidad de saber qué pasó con los
estudiantes y así, mantenerlos desaparecidos.
El caso de Ayotzinapa no se cierra, sigue abierto. Una hipótesis es que se borró la evidencia a través de hornos crematorios y a 10 años de los
hechos es imposible comprobarlo.
Otra línea de investigación es una lucha entre Guerreros Unidos y los Rojos, esa noche se esperaba una revancha entre estos grupos, esto explica porque tanta violencia ese día. El objetivo era que la droga llegara a Estados Unidos, sin importar los daños colaterales: la desaparición de los 43 normalistas.
Se levantó un memorial para señalar el lugar donde fueron asesinados Julio Cesar Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo y uno más en el camino del Andariego donde fueron encontrados los restos de Julio César Mondragón Fontes a petición de las madres y padres de los 43. Estos son, las estelas donde en cada aniversario o en cada protesta los padres dejan ofrendas en nombre sus hijos desaparecidos o caídos ese día. Son espacios para no olvidar, donde se sigue pidiendo justicia; sin embargo, estos lugares también fueron atacados. Las estelas son visitadas principalmente por las familias de los 43, pues no están ubicadas en el centro del país, sino en Guerrero uno de los estados más golpeados por el narcotráfico.
A la fecha
Los jesuitas acompañan cada año a los padres y madres de los 43 a honrar a sus hijos a través de una misa.
Hay más de 100 detenidos incluyendo dos generales del Ejército y el exfiscal Murillo Karam, Tomás Zerón está prófugo de la justicia en Israel. Aun no hay condenas a 10 años por los hechos, ni por los desaparecidos ni por los caídos.
Las madres siguen buscando a sus hijos, los mexicanos seguimos indignados, el Estado sigue sin dar respuestas claras.